La justicia española, que ya se ha puesto manos a la obra, posee indicios de un posible delito de malversación de fondos públicos en la inversión del inmueble que acoge el salón de juegos de la capital murciana. El popular Real Casino de Murcia, ubicado en uno de los edificios más emblemáticos de la región y con casi dos siglos de historia, será el protagonista de la investigación abierta por la fiscalía anticorrupción.
El inmueble, que funciona como una institución social de carácter privado, se puede visitar por cualquier persona que lo desee y en él se celebran además diferentes actividades y eventos culturales.
El edificio disfruto de un proceso de rehabilitación entre los años 2006 y 2009, volviendo a colocarse tras esto entre los más destacados y exclusivos Casinos de toda España. Y es durante el plan y la ejecución de dicha remodelación el momento en el fiscal Juan Pablo Lozano quiere poner todos sus esfuerzos para aclarar la procedencia de los fondos con los que se pagaron las obras.
Informaciones relacionadas con el inmueble lo relacionan de alguna manera con el “Caso Umbra” que ya está siendo investigado por un supuesto asunto de corrupción y que incluye entre sus documentos a Miguel Ángel Cámara, ya ex alcalde de la capital murciana y Fernando Berberena, ex concejal de Urbanismo de dicha alcaldía.
El fiscal tiene como principal objetivo aclarar la incógnita relacionada con el desvío de más de €2.5 MILL durante los trabajos de restauración del edificio.
Para ello, dio vía libre a la apertura de varias diligencias con el objetivo de clarificar si hubo movimientos ilegales durante cualquier momento del proceso de rehabilitación del Casino.
Por otro lado, Lozano ha solicitado al secretario y al presidente de la entidad creada para gestionar los fondos para la rehabilitación (Entidad Urbanística Casino) todos los contratos que tengan algún tipo de relación con el proyecto. Además, el funcionario ha ordenado la entrega de las certificaciones, liquidación y cualquier otro informe que fueran parte de la obra.
Por último, un comité experto formado por economistas y arquitectos estudiará si la inversión realizada concuerda con los gastos realizados o si, por el contrario, se habría sobre elevado el coste del proyecto con el fin de obtener beneficios particulares.