El sector del juego continúa en pie de guerra por el trato discriminatorio que sigue recibiendo por parte del Ministerio de Consumo. La industria privada ya se sentía maltratada por el desigual trato legislativo que recibe en relación con otras entidades del juego como Loterías y Apuestas del Estado o la ONCE, que no tienen que hacer frente a gran parte de la normativa que sí tiene que cumplir la industria privada.
El grado de indignación se ha incrementado tras la comparecencia de Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, en unas jornadas organizadas por la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER).
Dichas declaraciones no han hecho más que poner en evidencia el profundo desconocimiento de Arana sobre el sector del juego español. Así lo han hecho saber los portavoces de dos de las organizaciones más representativas de la industria del juego privado: ANESAR y AESA.
Tras constatar el posicionamiento, las actuaciones de la administración y la discriminación mostrada con respecto al sector privado, a la vez que cuestionan la continuidad del director general al frente de sus responsabilidades, José Vall, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos, señaló que se están estudiando las actuaciones precisas:
Vamos a llevar esta situación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como otras instituciones nacionales o europeas que pudieran conocer este asunto.
De acuerdo con ANESAR, este posicionamiento del Arana muestra una falta de imparcialidad que beneficia a unos y perjudica a otros, rompiendo la necesaria neutralidad de la administración pública.
Igualmente, las organizaciones empresariales criticaron el desconocimiento del director general sobre un sector del juego que debería conocer a la perfección y sobre el que indicó que el control de acceso a los juegos públicos corresponde a las administraciones autonómicas.
Vall también señaló que el argumento de la administración central y algunas administraciones regionales para cerrar salas de juego y revocar licencias, que tiene que ver con la protección de colectivos vulnerables, es falso:
Esa regulación solo afecta al sector privado, que no es el mayoritario ni el que más problemas produce en estos colectivos (como demuestran las encuestas EDADES y ESTUDES del “Informe sobre adicciones comportamentales 2021” publicado por el Ministerio de Sanidad en 2022), y a la vez se dan todas las facilidades tanto para la apertura de puntos de venta como para la creación de nuevos juegos públicos y de la ONCE.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón, José Antonio Rubio, apuntó de la siguiente forma a la doble vara de medir existente en la administración pública y que perjudica continuamente al sector privado:
La doble vara de medir lleva a una desprotección evidente de los llamados colectivos vulnerables. Por más que una persona que presente problemas se autoexcluya para acceder al juego de gestión privada, podrá acceder al juego público sin problemas, donde podrá optar a cuantiosos premios animado por toda su potencia promocional y respaldo publicitario.
Finalmente, comentó que desde el sector privado se cree que el objetivo final de estas acciones regulatorias tiene como objetivo eliminar con el propio segmento privado del juego para permitir un duopolio formado por la ONCE y el SELAE:
Solo así se entiende que la publicidad esté absolutamente prohibida en el sector privado y, en cambio, SELAE y ONCE sean, según Infoadex, dos de los grandes inversores publicitarios de España.