En la comparecencia en el Congreso de los Diputados de José Antonio Martínez Sampedro, presidente de Codere, el mandatario de la empresa del sector del azar ya dejó clara la injusta situación en la que se encontraba el segmento del juego en línea en España. Algo que, en muchos aspectos, aún no ha cambiado.
En un video de hace ya más de seis años recogido por la Fundación Codere, y con motivo de la tramitación en la Cámara Baja española de la Ley de Regulación del Juego, el dirigente se dirigió a los presentes a través de una nota, en primer lugar y de forma más personal posteriormente.
Martínez Sampedro habló de aspectos que, todavía en 2017, siguen sin resolverse o no han sido solucionados de una manera total, principalmente en la modalidad de apuestas online, una parcela difícilmente mucho más difícil de controlar que el segmento de juego físico.
En la primera fase de la intervención, esta discurre de un modo más formal, plasmada en un discurso escrito, en el que el mandatario apuntaba al provecho que habían obtenido algunos operadores durante el tiempo que explotaron dichos servicios de forma totalmente ilegal.
El proyecto reconoce el estatus de los operadores ilegales, que van a poder desarrollar la actividad con el fondo de comercio y la clientela creada durante el período de ilegalidad, lo que constituye una ventaja en el mercado discriminatoria e inadmisible.
Por ello, resulta absolutamente necesario adoptar un conjunto de enmiendas que permitan equilibrar el proyecto en su relación actual y establezcan condiciones de igualdad entre aquellas empresas que han respetado la legalidad vigente y por ello no han operado juego online sin licencia en los últimos años; frente aquellos que basados en paraísos fiscales, sin control alguno de juego de menores y con personas con especial necesidad de protección frente al juego han desarrollado una actividad, que según sus propias declaraciones les ha generado importante beneficios económicos.
Si la fiscalidad de juego online y el juego físico no se armonizan, se favorecerá de manera muy notable la traslación de actividades del uno hacia el otro, lo que debe ser objeto de reflexión, sino fuese el objetivo de esta norma.
Las operadoras de juego online en España tienen diferentes responsabilidades derivadas de las apuestas (Foto: DGOJ)
Durante la segunda parte de la exposición, Sampedro apuntó a la particular forma de funcionar del sector del juego online y las muchas responsabilidades que deben asumir las empresas operadoras, ya que este tipo de servicios tienen una repercusión sobre la sociedad que cualquier otra entidad no posee.
No quisiera yo dar la sensación de que nosotros tenemos una postura reaccionaria, de conservar el juego presencial histórico y oponernos a cualquier modalidad de juego por internet, juego telemático o juego remoto, lo que pasa es que están el qué y el cómo.
Sí queremos que se haga y pensamos que es necesario que se haga bien. Y todas nuestras reflexiones, quejas o reclamaciones no son caprichosas o ventajistas, buscan dotar a la actividad de la sostenibilidad, algo que después de 30 años de experiencia, sabemos que el sector necesita.
Practicar juegos de azar no es hacer una actividad comercial común, es operar actividades que tienen un impacto social importante, que de alguna manera gestionan muchos recursos ajenos -en forma de premios e impuestos- y que por lo tanto exigen una responsabilidad por parte de los que lo operan muy alta, para que puedan tener aceptación social, para que se eviten fraudes, situaciones negativas, etc. que al final generan problemas para el conjunto de la industria, no sólo para aquellos que las han provocado.
La publicidad y promoción de las actividades de juego genera más consumo, eso es evidente, ese mayor consumo: ¿dónde debe tener su límite? Es una cuestión también para reflexionar.
El juego presencial ha asumido históricamente la necesidad de tener responsabilidades en este terreno y esto significa: evitar que los menores jueguen, no fomentar ni dar facilidades a personas que tienen problemas con el juego, evitar situaciones de blanqueo de capitales o de fraude de cualquier naturaleza.
